El Congreso de Puebla abre la puerta a reformar la ley de ciberasedio
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Artemisa García Chávez, anunció la disposición del Congreso local. Buscan evitar persecuciones contra periodistas tras la polémica generada. La reforma sobre ciberasedio ha suscitado críticas entre medios nacionales y organizaciones.
García Chávez enfatizó que la apertura al diálogo es total. Se busca modificar el Código Penal sin afectar la libertad de expresión. La intención es clarificar la aplicación de la ley. Esto garantizará la labor informativa de los periodistas.
La diputada señaló la posibilidad de añadir un artículo. Este capítulo aparte se enfocará en proteger a los periodistas. Se busca escuchar a todos los afectados por posibles riesgos. Así se salvaguardará la libertad de expresión.
La legisladora informó sobre la primera denuncia. Una mujer fue agraviada con sus hijos el pasado sábado. Sus nombres, imágenes y direcciones escolares fueron difundidos. Esto es un claro ejemplo del ciberacoso.
La reforma al Código Penal local se aprobó el 12 de junio. El artículo 480 es el más controvertido. Define el delito de ciberasedio con el uso de tecnologías. Incluye insultar, injuriar, ofender o vejar.
La intención es causar daño físico o emocional. La pena prevista es de 11 meses a tres años. Además, una multa de 50 a 300 días UMA se aplicará. La sanción aumenta si la víctima es menor de edad.
Organizaciones como Artículo 19 expresan su preocupación. Acusan un posible incumplimiento del principio de taxatividad. Exigen normas penales claras y precisas para evitar ambigüedades. Esto es crucial para la seguridad digital.
La ley también propone castigar la usurpación de identidad. Se sancionará el uso indebido de datos personales. El objetivo es obtener lucro o causar daño moral. Esto se detalla en el artículo 258 Ter.
Las penas por usurpación serán de seis a ocho años de prisión. Las multas irán de mil a dos mil Unidades de Medida. Esto equivale a montos significativos. La protección de datos es un eje clave.
Se penalizará a quien se haga pasar por institución financiera. El fin es obtener datos confidenciales. Se busca evitar beneficios indebidos. La iniciativa aborda diversas formas de fraude digital.
También se castigará el contacto con menores o incapaces. Esto, para crear vínculos de confianza. Con el propósito de controlarlos emocionalmente o chantajearlos. Las penas serán de 15 meses a cinco años.