El activista Renato Romero sale de prisión; denuncia tortura
Renato Romero Camacho, defensor del agua en la Cuenca Libres-Oriental, ha abandonado el CERESO de San Pedro Cholula. Seguirá su proceso legal desde su domicilio, un giro significativo en su caso. La liberación se produjo tras meses de detención, generando amplio interés público y movilización social.
Romero fue acusado de despojo agravado y daño a propiedad ajena. La denuncia fue interpuesta por Agua de Puebla, empresa concesionaria. La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) determinó su libertad provisional. No obstante, deberá presentarse a firmar una vez al mes.
Al salir de prisión, el activista denunció haber sufrido tortura. También, experimentó violencia psicológica dentro del inmueble. Estas presiones buscaban, según Romero, su declaración de culpabilidad. Sus afirmaciones han encendido las alarmas sobre el trato a los detenidos.
Romero Camacho señaló directamente a Agua de Puebla como responsable. La acusó de saqueo ilegal de millones de metros cúbicos de agua. Esto ha ocurrido en los pueblos Cholutecas, enfatizó. Advierte que esta extracción tendrá repercusiones dañinas para futuras generaciones.
“Me acusan de despojo agravado, ¿qué le he despojado a esa empresa?”, declaró. “Es la empresa que le ha despojado el futuro a las generaciones”. Subrayó el saqueo hídrico durante treinta años en la región. Su postura firme resuena en la sociedad civil.
El campesino, en condiciones de pobreza extrema, se enfrenta. Su adversario es una empresa multimillonaria, destacó. Dicha compañía se ha beneficiado de la extracción de recursos naturales. La desigualdad de esta contienda legal es evidente.
“La misma empresa que me acusa de despojo”, afirmó Romero. Se refirió a “Concesiones Integrales”, la concesionaria. La acusó de despojar derechos de acceso al agua a los habitantes de Puebla. También a los pueblos conurbados de la capital.
La detención de Renato Romero ocurrió el pasado martes, primero de julio. Generó la movilización de grupos activistas. Exigieron al gobernador Alejandro Armenta Mier que interviniera. Consideraron la aprehensión como presuntamente ilegal.