Reforma al Amparo pone en riesgo derechos y democracia: empresarios 

Organizaciones empresariales, académicas y sociales de todo el país manifestaron su rechazo a la reforma aprobada por la Cámara de Diputados a la Ley de Amparo, al considerar que representa un grave retroceso en materia de derechos humanos, democracia y seguridad jurídica en México.

A través de un posicionamiento conjunto, los firmantes advirtieron que la reforma debilita el control constitucional, restringe la figura del interés legítimo y limita la posibilidad de obtener suspensiones contra actos arbitrarios de autoridad. Esta situación, dijeron, afecta particularmente a las pequeñas y medianas empresas (PyMES), al dejar la protección de los derechos a la discrecionalidad judicial.

Asimismo, expresaron su preocupación por la intención de aplicar la ley de manera retroactiva, lo cual —advirtieron— violaría el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Esta medida podría provocar que miles de juicios de amparo y suspensiones previamente concedidas queden sin efecto, poniendo en riesgo la certeza jurídica, la inversión y el empleo.

El comunicado retoma las declaraciones de especialistas como el exministro Javier Laynez Potisek y los académicos del Foro de Constitucionalistas de México, quienes alertaron que “dejar sin suspensión el juicio de amparo es sepultar el juicio de amparo”.

“El Estado de Derecho no se construye desde la imposición ni desde la restricción de libertades, sino mediante el diálogo, el respeto y la pluralidad”, indicaron las organizaciones firmantes.

También señalaron que las voces más destacadas de la academia y el derecho en México se han manifestado en contra de la reforma, debido a los efectos regresivos que podría tener, particularmente sobre los sectores más vulnerables de la población, para quienes el amparo representa la única defensa frente al abuso del poder.

En ese contexto, las organizaciones hicieron un llamado respetuoso a la Presidenta de la República para que ejerza su facultad constitucional de veto y evite la publicación de esta reforma en los términos aprobados.

Finalmente, invitaron al sector empresarial de Puebla y de todo el país a impulsar mecanismos de control constitucional que permitan anular los efectos de la reforma y preservar el juicio de amparo como herramienta fundamental de defensa de los derechos humanos y del orden democrático en México.