Congreso de Puebla se va de vacaciones y deja pendientes más de 300 iniciativas
El Congreso del Estado de Puebla concluyó su primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de labores, en el que los diputados dieron prioridad a las iniciativas enviadas por el gobernador Alejandro Armenta y avanzaron de manera parcial en el cumplimiento de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para legislar en favor de las infancias trans.
Durante la sesión celebrada este lunes, el pleno discutió y votó 34 puntos del orden del día en un lapso aproximado de dos horas, de los cuales cuatro correspondieron a propuestas del Ejecutivo estatal. A diferencia de sesiones anteriores, la jornada legislativa no se extendió, debido a que el número de asuntos enlistados fue menor.
Entre los primeros puntos aprobados se encuentra la iniciativa para la digitalización de trámites gubernamentales, así como la homologación de la legislación local con la Ley General contra la Extorsión, que contempla penas de hasta 42 años de prisión para quienes cometan este delito. También se avaló la entrega en comodato del Paseo Bravo al gobierno estatal y la creación de nuevas coordinaciones dentro del Servicio de Salud, todas propuestas impulsadas por el gobernador.
Con el cierre del periodo ordinario, más de 300 iniciativas presentadas por legisladores quedaron pendientes de análisis. Al respecto, el coordinador de la bancada de Morena, Pavel Gaspar, señaló que dichas propuestas no fueron consideradas prioritarias frente a las impulsadas por el Ejecutivo.
En la recta final de la sesión, la diputada Gabriela Chumacero presentó, dentro del apartado de asuntos generales, una propuesta relacionada con el reconocimiento de las infancias trans, en atención a la sentencia emitida por la SCJN. No obstante, la iniciativa no fue sometida a votación y su posible aprobación se prevé hasta 2026, debido a que el periodo ordinario ya concluyó.
De acuerdo con lo expuesto, las mesas de trabajo para analizar esta propuesta iniciarán el 16 de diciembre. La iniciativa plantea que personas menores de edad, a partir de los 12 años, puedan definir legalmente la identidad sexual con la que se identifican y recibir un documento oficial que lo reconozca.