Congreso analiza reforma para la reinserción educativa de menores en proceso
Tras la controversia generada por el rechazo del Instituto D’Amicis a inscribir a Alexis N., presunto responsable del homicidio de la argentina Natalia Andrade, el Congreso de Puebla abrió la discusión de una reforma a la Ley de Educación enfocada en la reinserción educativa de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley.
La propuesta de reforma
La iniciativa fue presentada por el diputado Elías Lozada, de Nueva Alianza Puebla (NAP), y plantea agregar un capítulo a la Ley de Educación para garantizar que menores señalados por la comisión de delitos tengan la oportunidad de continuar sus estudios.
El proyecto contempla:
- Planes individualizados de acompañamiento, con atención psicológica y pedagógica.
- Protocolos de seguridad escolar para garantizar la tranquilidad de la comunidad educativa.
- Acciones de sensibilización y mediación que prevengan la discriminación y la violencia.
“El objetivo es no excluir a los menores, sino darles herramientas para cambiar su historia. Negarles el derecho a la educación los empuja nuevamente al círculo de la violencia”, argumentó Lozada.
El que originó la discusión
La propuesta se originó tras el caso de Alexis N., de 12 años, vinculado al homicidio de Natalia Andrade, en Lomas de Angelópolis.
De acuerdo con las investigaciones, cámaras de seguridad lo captaron ingresando al domicilio de la víctima con un pasamontañas, permaneciendo en el lugar alrededor de dos horas e intentando manipular el sistema de vigilancia.
El menor, exalumno del Instituto Oriente, fue inscrito en el Instituto D’Amicis al inicio del ciclo escolar. Sin embargo, padres de familia rechazaron su permanencia y advirtieron que dejarían de pagar colegiaturas si era aceptado. Ante la presión, la escuela decidió darle de baja.
Educación, derecho y oportunidad
Para el diputado Lozada, detrás de delitos cometidos por menores suele haber historias de abandono, violencia o falta de oportunidades, por lo que excluirlos no es una solución.
En la misma línea, la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García (Morena), subrayó que la educación es un derecho universal y que, en este caso, debe respetarse la presunción de inocencia.
“Creo en el derecho a la educación, es un derecho para cualquier menor, independientemente de la circunstancia. No podemos etiquetar a nuestros niños”, afirmó.
La legisladora agregó que la discusión de la iniciativa debe estar acompañada por especialistas en educación, infancia y justicia.