Anulan órdenes de aprehensión contra la familia Jenkins y abogados
Un tribunal federal ha anulado las órdenes de aprehensión y la carpeta de investigación contra cinco miembros de la familia Jenkins y dos abogados. La decisión fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Toluca, según informó Grupo Reforma.
Los magistrados determinaron que la Fiscalía General de la República (FGR) reabrió ilegalmente el caso. Esto ocurrió el 12 de junio de 2020, a pesar de que la investigación había sido archivada desde mayo de 2018.
Entre los beneficiados por esta resolución judicial se encuentran Roberto, María Elodia y Margarita Jenkins de Landa. También Elodia Sofía de Landa Irizar y Juan Guillermo Eustace Jenkins. Los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz también fueron absueltos.
El origen de este conflicto se remonta a 2014. Fue entonces cuando Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito, denunció a sus hermanos. Los acusó de desviar fondos de la Fundación Mary Street Jenkins, creada en 1954.
El monto del presunto desvío se calculó en 720 millones de dólares (mdd). Proceso, en una nota de 2014, describió la situación como una disputa de poder y dinero. Padre, madre y hermanos se enfrentaron al primogénito.
Guillermo Jenkins de Landa afirmó que un personaje clave en el conflicto era Luis Ernesto Derbez. Derbez era rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). La fundación es propietaria del campus universitario.
Este pleito familiar tuvo graves consecuencias. Provocó el cierre de la universidad por siete meses en 2021. Según el rector Luis Ernesto Derbez Bautista, la UDLAP perdió tres mil estudiantes.
También se vio afectado el 70 por ciento de sus docentes. Las pérdidas económicas de la institución superaron los 300 millones de pesos. Derbez fue destituido en 2021 por una orden de aprehensión.
La acusación fue por lavado de dinero. Sin embargo, en 2022, un tribunal lo absolvió de los cargos. Retomó su cargo el 1 de agosto de 2023, según la información.
Para el año 2024, la UDLAP operaba con 8 mil 575 alumnos. El rector aseguró que planean recuperar la matrícula a 12 mil estudiantes para 2028. La sentencia marca un giro crucial en el caso Jenkins.