Comerciantes de Central de Abastos en Puebla Pugnan Contra Demolición de Bodegas
La Segunda Sección de la Central de Abastos de Puebla se encuentra en el centro de una disputa. Veintiséis bodegas de este complejo comercial enfrentan una inminente demolición. El Gobierno del Estado ha justificado esta medida, alegando que las estructuras se asientan sobre ductos de Pemex, lo que representa un grave peligro para la población.
Desde hace ocho años, los comerciantes han luchado por la regularización de su condominio. Gloria Méndez, representante de los afectados, ha solicitado formalmente una mesa de diálogo. Dicha reunión busca incluir al presidente municipal José Chedraui Budib, así como a autoridades estatales y federales, con el objetivo de evitar la demolición de sus establecimientos. Méndez sostiene que las bodegas no presentan peligro y asegura que pueden respaldar su afirmación con dictámenes emitidos por Petróleos Mexicanos (Pemex) y Protección Civil.
Los comerciantes han advertido que, en caso de persistir la amenaza de demolición, recurrirán a amparos y manifestaciones para defender su patrimonio. “No somos malas personas ni delincuentes; somos comerciantes que hemos luchado por décadas para salir adelante”, declaró Méndez en rueda de prensa. “No queremos conflictos, solo pedimos que nos dejen trabajar, regularizar lo que sea necesario y mantener vivo este importante polo de desarrollo económico para Puebla”.
La abogada Carmen Victoria Rodríguez detalló la compleja trayectoria de los más de 256 comerciantes de la Segunda Sección. Adquirieron su condominio en 1992, y no fue hasta 2015 cuando el entonces gobernador Rafael Moreno Valle les prometió la creación de una zona de carnes, una iniciativa que, finalmente, fue rechazada, dejando sin efecto la prometida regularización.
En 2017, los comerciantes intentaron retomar el proceso de regularización con el gobierno de Luis Banck. Sin embargo, el cambio de administración en 2018, con la llegada de Claudia Rivera Vivanco, detuvo el avance. Durante ese año, los comerciantes invirtieron 40 millones de pesos en la rehabilitación de su sección y la construcción de las 26 bodegas, a la espera de una regularización que nunca llegó.
Denunciaron que tanto Pemex como Protección Civil realizaron inspecciones en la zona para descartar riesgos por la ubicación de ductos de hidrocarburo. Estos se encuentran a cinco metros de las bodegas, generando preocupación sobre una posible explosión. Carmen Victoria reiteró la necesidad de una reunión con las autoridades para esclarecer la situación y evitar la demolición de lo que consideran su patrimonio, el cual están decididos a proteger.
Los comerciantes también han señalado la presencia de intereses externos que buscarían apropiarse de sus terrenos. Acusan que esta situación se hizo evidente durante la administración de Eduardo Rivera, quien permitió la entrada de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de octubre, con quienes sí se llegó a un acuerdo. Adicionalmente, señalan a comerciantes de la Primera Sección de la Central de Abastos que, sin facultad, han realizado asambleas para votar por el derrumbe de estas bodegas.
La polémica se intensificó el pasado lunes, cuando el vicealmirante y secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, anunció la demolición de las 26 bodegas. Argumentó que su construcción fue irregular y que su ubicación sobre ductos de Pemex podría provocar accidentes. En respuesta, los comerciantes advierten que esta medida pondría en riesgo a cinco mil familias, quienes quedarían sin trabajo y sustento económico.