Deficiencias y retrasos marcan el Programa Estatal de Derechos Humanos en Puebla
El Programa Estatal de Derechos Humanos (PEDH) 2021-2023 en Puebla presenta graves deficiencias, según un análisis del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (Idhie) de la Universidad Iberoamericana. La profesora e investigadora Shanik David George señaló que el plan fue postergado durante la administración de Miguel Barbosa, generando un vacío de tres años en la agenda de derechos humanos en el estado.
El estudio del Idhie tuvo como objetivo evaluar la implementación y los avances del PEDH, así como señalar áreas de mejora. Entre los hallazgos más relevantes, se identificó que las líneas de acción del programa no incluyen problemáticas clave, como la desaparición de personas, feminicidios, violencia de género y trata de personas. Además, casi la mitad de las estrategias no fueron asignadas a ninguna autoridad, lo que impide su ejecución efectiva.
Retrasos y omisiones en la estrategia de derechos humanos
Desde la publicación del Primer Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) en 2014, los estados debían desarrollar estrategias alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sin embargo, Puebla ha mostrado continuos retrasos y omisiones. El primer PEDH se elaboró en la gubernatura de Tony Gali, pero duró menos de dos años y dejó de estar vigente en diciembre de 2018.
Fue hasta diciembre de 2021, dos años después del inicio de la administración de Barbosa, que se retomó la estrategia. No obstante, el programa se implementó hasta enero de 2023, es decir, más de la mitad del sexenio transcurrió sin una política clara en derechos humanos. Además, el documento no se apegó a las metodologías establecidas por la Secretaría de Gobernación federal, lo que limita su efectividad y alineación con la estrategia nacional.
Falta de coordinación y participación ciudadana
Otro de los problemas detectados es la ausencia de mecanismos adecuados de participación ciudadana. Las autoridades no garantizaron la inclusión de organizaciones civiles, expertos en derechos humanos y víctimas. Además, se requiere la integración de instituciones clave, como el Congreso local, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado (FGE), que juegan un papel fundamental en la impartición de justicia.
El informe del Idhie concluye con una serie de recomendaciones dirigidas al actual gobierno estatal para subsanar las deficiencias del programa. Se enfatiza la necesidad de estrategias concretas, asignación de responsabilidades claras y fortalecimiento de la participación ciudadana. La falta de una política integral en derechos humanos deja a Puebla en una posición vulnerable en la materia.