Empresarios y universidades acusan ineficacia en seguridad del estado
El homicidio del empresario poblano Efrén Ramírez, dueño de Joyerías London, evidenció la creciente crisis de inseguridad en Puebla y obligó al sector empresarial y universitario a cerrar filas para exigir al gobierno estatal acciones reales y no solo promesas.
Cámaras empresariales como el CCE, Coparmex, Canacintra, Canaco y CMIC, junto con instituciones académicas de peso como la BUAP, la Ibero y el Tecnológico de Monterrey, manifestaron que la situación ha rebasado los límites.
José Rubén Gregorio Contreras y Reyes, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial, cuestionó la falta de resultados de las autoridades: “El gobierno dice tener buenas intenciones, pero necesitamos hechos. No podemos aceptar que estas cosas nos sigan pasando”.
La molestia se extendió también al sector restaurantero, ya que el presidente de Canirac Puebla, Juan José Sánchez Martínez, denunció que los asaltos a mano armada contra restaurantes son constantes y que, a pesar de múltiples denuncias presentadas, no existe un solo avance en las investigaciones.
En este punto, el reclamo fue directo a la fiscal Idamis Pastor, a quien exigió rendición de cuentas, ya que en dos meses se han presentado seis denuncias por robo violento y no hay avance en ninguna carpera de investigación.
Aunque la presidenta de Coparmex Puebla, Beatriz Camacho Ruiz, aclaró que esta unión no busca confrontar al gobierno, reconoció que los empresarios han tenido que proponer medidas que deberían provenir de las autoridades, como la identificación de colonias con mayor incidencia delictiva para instalar cámaras y botones de alerta.
Por su parte, Carlos Sosa, presidente de Canacintra, anunció la creación de un Centro de Información y Datos sobre inseguridad y economía, un reflejo de cómo el sector privado está asumiendo tareas que corresponderían al Estado: documentar el impacto de la violencia en la vida económica de Puebla.
El mensaje es claro: el hartazgo social por la inseguridad crece, mientras las autoridades estatales siguen sin demostrar eficacia frente a una violencia que ya golpea directamente al tejido económico y académico de la entidad.