La Fundación Julita y Antonio denuncia venta ilegal de predios en “La Covadonga” trabajaban desde Tlaxcala

La Fundación Julita y Antonio presentó una denuncia formal contra la venta ilegal de terrenos en “La Covadonga”. Estos predios, situados en Puebla, fueron obtenidos irregularmente con la intervención de autoridades de Tlaxcala, según la organización. La fundación busca la investigación y el aseguramiento del área para detener un presunto fraude inmobiliario que ha afectado a cientos de familias.
Jesús González Schmal, representante de la fundación, afirmó que se logró la demolición de casas construidas ilegalmente. Este logro se consiguió tras varios años de litigio. El terreno, de 23 hectáreas, se ubica en la ciudad de Puebla. El caso involucra a Jorge Mendoza González, quien se habría apropiado de ocho de estas hectáreas.
Mendoza González habría utilizado documentos ilegales expedidos por autoridades de Tlaxcala. Estos documentos facilitaron la comercialización de los predios. El uso de suelo de La Covadonga es exclusivamente para fines altruistas, no para proyectos inmobiliarios. Esta situación contraviene la normativa vigente.
Ante estos hechos, la fundación interpuso una denuncia penal. El objetivo es que se investigue la obtención ilegal de una supuesta escritura. También buscan que se esclarezca la emisión irregular de dichos documentos. La denuncia apunta a la participación de funcionarios en este supuesto fraude.
“La Fundación está presentando una denuncia en contra de quien resulte responsable”, declaró González Schmal. La denuncia menciona a la empresa La Inmaculada y a Jorge Mendoza González. También incluye a quienes pudieran estar asociados o coaligados con ellos. La fundación busca justicia para las familias afectadas.
González Schmal lamentó que alrededor de 400 familias hayan sido engañadas. Estas familias compraron ilegalmente predios en La Covadonga. Ahora reclaman la propiedad para continuar la construcción de sus viviendas. La venta ilegal de estos terrenos ha generado un gran problema social.
El representante de la fundación instó a las autoridades de Puebla a actuar. Solicitó que se aseguren los terrenos de La Covadonga. Esto debe hacerse mientras se comprueba la legítima propiedad del predio. El aseguramiento evitaría que los terrenos pudieran ser invadidos de nuevo.
La fundación busca detener la especulación inmobiliaria. También desea proteger el uso de suelo original del terreno. La denuncia espera esclarecer el entramado de corrupción. La participación de funcionarios públicos de Tlaxcala es un punto clave. La reapropiación de los terrenos es una prioridad para la fundación.
El caso de La Covadonga es un ejemplo de abuso. Muestra cómo se pueden manipular las leyes. La falta de supervisión facilitó la venta fraudulenta. Ahora, la fundación y las familias afectadas buscan una solución legal. La demolición de las casas es el primer paso. Se espera que las autoridades actúen con celeridad. La protección del patrimonio de la fundación es esencial.
La fundación Julita y Antonio, además, busca proteger a las 400 familias. Estas personas son víctimas del fraude. La vulnerabilidad de las familias fue explotada. La organización les ofrece apoyo legal. Su objetivo es que no sean perjudicadas. La honestidad y la transparencia son los principios que guían a la fundación en este caso.