Laura Artemisa García refuerza lazos con el magisterio poblano tras intentona de criminalización
La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, aseguró que el magisterio poblano tiene abiertas las puertas del Legislativo para trabajar de manera conjunta en beneficio del sector educativo. Con ello, busca consolidar una relación de diálogo y cooperación tras la controversia generada por la propuesta del diputado Roberto Zataráin Leal, que planteaba castigos de hasta cinco años de prisión para maestros y directivos que permitan casos de bullying en sus escuelas.
A través de sus redes sociales, García Chávez compartió su reciente encuentro con José Luis González, secretario general de la Sección 23 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), con quien reafirmó su compromiso de construir soluciones en favor de los docentes y alumnos de Puebla.
“En el Poder Legislativo, las puertas están y estarán siempre abiertas para construir juntos soluciones a los desafíos que enfrenta el sector, teniendo en todo momento como interés superior el mejor desarrollo de niñez y juventud”, afirmó la diputada.
El encuentro cobra especial relevancia tras la controversia que generó la iniciativa presentada por el diputado Zataráin Leal, de Morena, quien propuso reformar el Código Penal del estado para castigar con hasta cinco años de prisión a docentes y directivos que no prevengan o sancionen casos de violencia escolar. La propuesta desató un intenso debate entre el magisterio y actores políticos, quienes consideraron que la medida criminalizaba a los profesores en lugar de brindar herramientas eficaces para erradicar el problema.
Por su parte, el SNTE ha manifestado su preocupación por la falta de estrategias de prevención y apoyo a los docentes en la gestión de conflictos dentro de las aulas. José Luis González, en representación del sindicato, celebró el acercamiento con el Congreso, enfatizando que la solución debe partir de políticas integrales que fortalezcan la formación y capacitación docente.
Con este diálogo, se abre la posibilidad de diseñar un marco normativo más justo que proteja tanto a los estudiantes como a los docentes, sin recurrir a medidas punitivas desproporcionadas. La expectativa del sector educativo es que el Congreso del Estado continúe con un enfoque de escucha y concertación, garantizando que las políticas públicas beneficien a toda la comunidad escolar.