Nueva ley contra extorsión podría convertirse en arma contra medios, alerta ARTICLE 19
La Cámara de Diputados volverá a discutir este martes el dictamen para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, iniciativa impulsada por el gobierno federal y que ya fue avalada en una primera versión por Diputados y posteriormente aprobada por el Senado.
La organización ARTICLE 19 advirtió que, aunque la extorsión es un problema que afecta gravemente a la población y requiere atención estructural, el actual proyecto presenta imprecisiones legales que podrían impactar el ejercicio periodístico y la crítica pública.
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Uno de los señalamientos centrales se encuentra en el artículo 15, que define la extorsión como obligar a una persona a “dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo” generando daño o beneficio para alguien, sin especificar criterios claros para probar la existencia de coacción, violencia o conductas que ameriten acción penal.
Además, la fracción V del artículo 17 indica que este delito puede cometerse mediante el uso de “dispositivos, medios, servicios o plataformas” que permitan emitir o recibir información. Según ARTICLE 19, la amplitud de esta definición podría permitir que servidores públicos u otras personas acusen de extorsión a periodistas o medios por contenidos noticiosos considerados incómodos, alegando daño moral o psicológico.
La organización recordó que, en casos previos, autoridades han interpretado como “beneficio” la notoriedad pública derivada de publicaciones periodísticas, lo que podría abrir la puerta a nuevas formas de criminalización de la libre expresión bajo esta ley.
Especialistas han señalado que regulaciones penales ambiguas pueden generar un efecto inhibidor en la labor informativa, funcionando como mecanismos indirectos de censura. En ese sentido, ARTICLE 19 subrayó que los estándares regionales e internacionales de derechos humanos protegen especialmente la difusión de información de interés público, aun cuando resulte crítica o incómoda.
El dictamen forma parte de un paquete más amplio de reformas que modificaría el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y diversas leyes federales para homologar definiciones relacionadas con el delito de extorsión.
La organización llamó al Congreso a revisar y precisar la tipificación contemplada en el artículo 15, además de eliminar la fracción V del artículo 17, con el fin de evitar restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión durante el proceso legislativo.