Propone Congreso sancionar el reclutamiento forzado con 25 años de prisión
El diputado de Morena, Andrés Villegas Mendoza, presentó una iniciativa para tipificar y sancionar el reclutamiento forzado en Puebla, con penas que podrían alcanzar hasta 25 años de prisión. La propuesta busca modificar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal del estado.
En la ley de derechos de los menores, la iniciativa establece que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes deberán abstenerse de ejercer conductas que los expongan al reclutamiento forzado para actividades ilícitas o delictivas.
El artículo 62 plantea que las autoridades estatales y municipales deberán prevenir e investigar casos de reclutamiento forzado, directo o indirecto, incluyendo la integración de menores a grupos delictivos, asociaciones ilícitas o actividades de vigilancia, mensajería o halconeo.
Además, la reforma obliga a implementar programas específicos de prevención, detección temprana y atención integral, con medidas de protección, reintegración familiar y apoyo psicológico, educativo y social. Se deberán aplicar protocolos especializados considerando la edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez de las víctimas.
“La tipificación del reclutamiento forzado es aceptar una realidad y atacarla. Apenas fueron reclutados más de una decena de jóvenes en Amozoc”, afirmó Villegas.
Definición y sanciones en el Código Penal
El diputado propone que el reclutamiento forzado se defina como:
“Comete el delito quien, mediante violencia, intimidación, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, obligue, induzca, invite, facilite, promueva o coaccione a una persona para integrarse, participar o colaborar en grupos delictivos, organizaciones criminales, asociaciones ilícitas o actividades de carácter armado, sin su consentimiento libre e informado”.
Las penas previstas van de 8 a 15 años de prisión y de 500 a 1,000 días de multa, con incrementos de hasta la mitad cuando:
• La víctima sea menor de edad
• Se emplee violencia física, armas o amenazas graves
• El reclutamiento tenga fines de delitos violentos o uso de armas
• Intervengan dos o más personas
• Participe un servidor público o alguien que se ostente como tal
Si concurren dos o más de estas condiciones, la pena podrá aumentar hasta dos tercios de la máxima. Además, los responsables podrán ser inhabilitados para cargos públicos o seguridad privada y tendrán prohibido acercarse a las víctimas o sus familiares durante el tiempo que se determine.
La iniciativa surge tras el caso de reclutamiento forzado de 12 personas en Amozoc, donde 11 víctimas regresaron a sus hogares tras ser devueltas por el crimen organizado. Villegas señaló que esta reforma sería la primera en México en tipificar el reclutamiento forzado, colocando a Puebla como referente en la materia.