Puebla tiene 180 días para instalar inhibidores de señal en penales
Tras la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, las autoridades de Puebla cuentan con un plazo de 180 días hábiles para instalar inhibidores de señal en los centros penitenciarios del estado, con el objetivo de frenar las extorsiones telefónicas que se realizan desde el interior de los penales.
De acuerdo con el Artículo 38 de la nueva legislación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2025, los centros de reclusión deberán contar con procedimientos y tecnología especializada que impidan la entrada y salida de señales de telefonía celular y radiocomunicación, así como la transmisión de voz, datos e imagen.
Penales de Puebla deberán cumplir antes de agosto de 2026
En Puebla, esta disposición impacta de manera directa a los Centros de Reinserción Social (Ceresos) con mayor población, entre ellos San Miguel, Tepexi de Rodríguez y Ciudad Serdán.
Conforme al cómputo de días hábiles, el plazo máximo para cumplir con estas medidas vence en agosto de 2026.
El decreto establece que las autoridades competentes deberán emitir lineamientos técnicos específicos para garantizar que la inhibición de señal se limite estrictamente al perímetro de los centros penitenciarios, a fin de no afectar el derecho a la comunicación de las personas que habitan en zonas colindantes.
En caso de incumplimiento dentro del periodo establecido, los servidores públicos responsables podrán ser sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa.
Extorsión en Puebla va al alza
La implementación de estas medidas ocurre en un contexto de incremento del delito de extorsión en Puebla. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y diciembre de 2025 se registró un aumento del 12.4 por ciento en las carpetas de investigación por este delito, en comparación con el año anterior.
El 58 por ciento de las denuncias se concentraron en la zona metropolitana de Puebla capital, así como en los municipios de Tehuacán y San Martín Texmelucan. Los informes oficiales señalan que la extorsión telefónica continúa siendo la principal modalidad utilizada en la entidad.
Con esta reforma, el gobierno busca cerrar el paso a las extorsiones realizadas desde los penales y fortalecer la seguridad tanto dentro como fuera de los centros de reclusión.
Información: Oro Noticias