Reforma de Armenta: jueces poblanos serán electos por ciudadanos
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha presentado una iniciativa de reforma constitucional ante el Congreso del Estado con el objetivo de que, a partir de 2027, los jueces y magistrados del Poder Judicial sean elegidos mediante voto popular. Esta propuesta busca democratizar la selección de funcionarios judiciales y armonizar la legislación estatal con las reformas federales recientes.
La iniciativa contempla la modificación de varios artículos de la Constitución Política del Estado de Puebla, incluyendo los artículos 61, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 125 y 133. Uno de los cambios más significativos es que la renovación del Poder Judicial se realizará a través de elecciones universales, libres, secretas y directas. Las campañas electorales tendrán una duración de 60 días, sin etapa de precampaña.
Las elecciones para estos cargos coincidirán con las elecciones federales ordinarias del año correspondiente. El Congreso local emitirá la convocatoria para la integración del listado de candidaturas dentro de los 30 días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior a la elección.
Para garantizar la transparencia y objetividad en el proceso de selección, se propone la creación de un Comité de Evaluación integrado por cinco personas reconocidas en el ámbito jurídico, designadas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este comité será responsable de recibir y evaluar los expedientes de los aspirantes, asegurando que cumplan con los requisitos establecidos. Posteriormente, se elaborará un listado con las 10 personas mejor evaluadas para cada cargo en el Tribunal de Disciplina Judicial y seis personas para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El Instituto Electoral del Estado (IEE) será el encargado de organizar las elecciones, realizar los cómputos, publicar los resultados y entregar las constancias de mayoría a los candidatos ganadores. Además, se establece la prohibición de financiamiento público o privado en las campañas, así como la contratación de espacios en medios de comunicación para la promoción de las candidaturas.
Esta reforma también propone la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que formará parte del Poder Judicial local. Este organismo tendrá la responsabilidad de vigilar y evaluar el desempeño de jueces y magistrados, desahogar procedimientos de responsabilidades administrativas y, en su caso, imponer sanciones como amonestaciones, suspensiones, sanciones económicas, destituciones o inhabilitaciones.
Las modificaciones propuestas entrarán en vigor el primer domingo de junio de 2027, coincidiendo con el inicio del proceso electoral judicial en 2026. Hasta entonces, los nombramientos de magistrados, juezas y jueces del TSJ e integrantes del Consejo de la Judicatura se realizarán conforme a las disposiciones actuales que se pretenden reformar.