Remueven a director del penal de San Miguel por extorsión
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla realizó cambios significativos. Removió al director interino del penal de San Miguel. Esta decisión se tomó tras recibir reportes de extorsión a reclusos. Familiares de personas privadas de la libertad denunciaron cobros por parte de directivos. Miguel Vázquez, el encargado de despacho, dejó su puesto el 30 de junio. Se le acusa de otorgar concesiones irregulares dentro del centro. Dichas concesiones habrían beneficiado a “Los Orea” y a Javier López Zavala.
Desde el pasado abril, medios locales informaron sobre el creciente poder de Zavala. Pese al juicio por el feminicidio de Cecilia Monzón, Zavala afianzó su control en San Miguel. Actualmente, controla la lavandería y la panadería del penal. Además, busca hacerse con la concesión de la visita íntima, un área con grandes intereses económicos. El secretario de Seguridad, Francisco Sánchez González, confirmó los ajustes internos. Aseguró que se tomaron medidas disciplinarias sin especificar nombres. Subrayó que “no hay privilegios para nadie” en el penal. Incluso, evaluó un posible traslado de Zavala a otro centro.
El Cereso de San Miguel ha mostrado una marcada inestabilidad en su dirección. Desde la salida de María del Rayo Mendoza Farfán, ha tenido al menos tres encargados. José Rubén Rojas Estévez fue el primero en asumir temporalmente. Posteriormente, Miguel Vázquez tomó el relevo. Con Vázquez al frente, según fuentes de la SSP, Zavala consolidó sus concesiones. Tras la remoción de Vázquez el 30 de junio, el penal estuvo una semana sin dirección. Jesús Cerna es el actual director interino.
No obstante, Cerna ya enfrenta señalamientos por presuntos actos de corrupción. Fuentes internas sugieren la posible incorporación de un elemento de la Marina. El secretario de Seguridad adelantó que “próximamente vendrán más movimientos”. Los constantes cambios de mando, explicaron las mismas fuentes, dificultan el control. Cada nuevo director establece a sus mandos de la Policía Estatal. Estos serían los encargados de cobrar las cuotas ilegales. Las exigencias de dinero a familiares buscan evitar traslados de internos.
“Los Orea” son una familia bajo investigación por múltiples delitos. Entre ellos se incluyen el robo de transporte de carga y maquinaria. También se les vincula con casos de desapariciones forzadas. Operaban desde un corralón cercano a Tecali de Herrera. Dicho sitio es parte de una disputa interna. Presuntamente era un punto de venta para la mercancía robada. Aún se desconoce si los directivos removidos fueron solo reubicados. No se ha confirmado si fueron cesados definitivamente de la SSP.
Para atender las denuncias, la SSP y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) actuarán. El vicealmirante anunció la creación de un grupo conjunto. La Secretaría de Gobernación (Segob) también participará. Este equipo realizará visitas y operativos en los penales. El objetivo es constatar la ausencia de comportamientos irregulares.