SCJN investiga a San Pedro Cholula por cobros ilegales
El Ayuntamiento de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, enfrenta una controversia constitucional tras ser señalado por el Ejecutivo Federal debido a cobros indebidos en materia de licencias y derechos municipales. Esta situación podría derivar en una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El conflicto gira en torno al Artículo 21 de la Ley de Ingresos de San Pedro Cholula, el cual establece cobros por la expedición de licencias de uso de suelo y construcción a empresas que almacenan o distribuyen gas LP, gasolina y derivados del petróleo. Sin embargo, la regulación de estos rubros es competencia exclusiva del Gobierno Federal, lo que ha generado una disputa legal.
Una administración municipal en la cuerda floja
El documento de impugnación, difundido por el periodista Arturo Luna Silva, revela que la controversia fue admitida el 20 de febrero y actualmente es analizada por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN. En él se especifica un cobro de 88.50 pesos por metro cuadrado para establecimientos de almacenamiento y distribución de gas LP y gasolina, además de una tarifa de 50 pesos para el almacenamiento de productos derivados del petróleo.
La acción legal fue promovida por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, y ha llevado al máximo tribunal a habilitar días y horas extraordinarias para la notificación de los involucrados.
San Pedro Cholula y otras administraciones bajo investigación
El caso de San Pedro Cholula no es el único. La Secretaría de Gobernación Federal (Segob) también presentó controversias constitucionales contra los ayuntamientos de Chietla y Cuautlancingo, señalados por establecer cobros similares en sus leyes de ingresos municipales.
Los expedientes, registrados bajo los números 03882, 03884 y 03885, han sido turnados a la Subsecretaría General de Acuerdos de la SCJN para su resolución. Se espera que el tribunal determine la invalidez de los cobros y exhorte a los ayuntamientos a modificar sus normativas para evitar futuras sanciones.
Consecuencias legales y políticas
La posible declaración de inconstitucionalidad de estas leyes representaría un duro golpe para la administración de Tonantzin Fernández, cuyo gobierno ha sido criticado por presuntas irregularidades en la gestión de recursos municipales. Además, el conflicto podría derivar en la intervención de instancias federales para supervisar las finanzas del municipio.
La SCJN ya ha resuelto casos similares, como el expediente 65/2024 en Acuña, Coahuila, donde declaró la invalidez de cobros indebidos en materia de hidrocarburos. De repetirse el fallo, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula estaría obligado a eliminar los cobros inconstitucionales, lo que evidenciaría fallas en la administración municipal.